TRABAJO SOCIAL

No pueden ser iguales las dinámicas de participación en sociedades en las cuales la gente ya superó el umbral de satisfacción de las necesidades básicas y cuenta con un estándar de vida que le evita preocupaciones en torno al empleo y a los ingresos, que en sociedades en las cuales la gente tiene que definir en el día a día estrategias de supervivencia y plantearse primero cómo resolver sus necesidades básicas y las de su familia y luego sí preocuparse por los escenarios públicos. No se quiere señalar con ello que la participación rinda mejores o peores frutos en contextos de pobreza o riqueza. Simplemente que estos últimos se convierten en condicionantes en por lo menos dos sentidos: en primer lugar, como factor que determina la jerarquía de preocupaciones de la gente; en segundo lugar, como elemento que puede dar contenido y otorgar sentido a la vinculación de los individuos a procesos de participación.

En Colombia los procesos de modernización implicaron importantes rupturas con formas tradicionales de vida e, incluso, produjeron avances importantes en materia económica y social.

Pero no lograron reducir las distancias entre ricos y pobres, entre campesinos y citadinos, entre incluidos y excluidos. Por el contrario, la brecha social se amplió y hoy día, en un contexto de crisis económica y política, sigue una trayectoria de creciente exclusión y polarización social.
Garay lo plantea de esta forma: .Colombia se caracteriza por ser una sociedad con una profunda exclusión social o, si se quiere, por mantener de manera perversa y discriminatoria a amplias capas de su población, a quienes se les impide potenciar y aprovechar sus habilidades y capacidades para el enriquecimiento de la vida, la ampliación de las libertades, la solidaridad, el sentido de pertenencia, la cooperación, la construcción participativa a través de instituciones y prácticas democráticas, el desarrollo, el bienestar económico y social.

La profunda inequidad (sic) y la falta de oportunidades reflejan importantes problemas de exclusión social expresados, entre otros, en una alta concentración del ingreso y la riqueza, elevados niveles de pobreza e indigencia, persistencia del desempleo, precariedad en el acceso a servicios sociales, a protección social y a activos productivos que, por decir lo menos, en países como Colombia no han podido ser resueltos por el modelo de desarrollo actual. Garay sintetiza en nueve puntos los rasgos más sobresalientes del fenómeno de la exclusión social en Colombia.

a. La concentración del ingreso: Colombia presenta uno de los índices más altos de concentración del ingreso en América Latina. En la segunda mitad de la década pasada las desigualdades aumentaron: el coeficiente de Gini pasó de 0.54 en 1995 a 0.57 en 2000, lo que se explica en buena parte por la caída del ritmo de crecimiento económico y el desajuste financiero y fiscal.

b. El nivel de pobreza: El Cuadro 2.1 presenta la evolución de la pobreza en Colombia durante la década del 90. Durante la primera mitad de la década hasta 1997 se logró una reducción del porcentaje de población por debajo de la línea de pobreza. A partir de 1998 el índice se elevó rápidamente, debido a la coyuntura de recesión económica que comenzó a experimentar el país en ese momento, hasta llegar en 2000 a cerca del 60%.

La situación es dramática en el sector rural, donde prácticamente cuatro de cada cinco habitantes eran pobres en el cambio de milenio.

c. La indigencia: Las cifras del Cuadro 2.2 muestran una gran dificultad del país para reducir los niveles de indigencia. Ello fue posible hasta 1998, pero desde 1999 la proporción de población en estado de indigencia aumentó rápidamente y se colocó en 23%. Una vez más, la situación en las áreas rurales es extrema: dos de cada cinco personas se encuentran bajo la línea de indigencia.

d. La desigualdad estructural: Lo que se ganó en las décadas del 60 y 70 se perdió en las dos últimas décadas en materia de reducción de las desigualdades. Como lo señala el estudio del Banco Mundial sobre el impacto social de la crisis, la creciente desigualdad incrementó las pérdidas en materia de bienestar, especialmente en la segunda mitad de la década pasada (caída del ingreso per cápita de 2.145 a 1.798 dólares entre 1995 y 2000).

e. La informalidad: aparece como la forma más común de empleo en Colombia. Actualmente, 61% de la fuerza de trabajo ocupada se ubica en el sector informal de la economía. El desempleo creció en la década del 90, especialmente a partir de 1998, llegando en 2000 a 16.6%. Las mayores tasas corresponden a la población joven y a las mujeres. La cohorte de mujeres entre 12 y 24 años presenta tasas de alrededor de 40% (Cuadro 2.3). Esto ha incrementado el volumen de oferta de fuerza laboral en el sector informal en actividades de baja productividad. En 2000 más de dos terceras partes del sector informal correspondían al sector de subsistencia, lo que significa menores márgenes de bienestar y la necesidad imperiosa de definir para cortos plazos estrategias de supervivencia, por ejemplo la vinculación de los miembros del hogar, incluidos los niños y niñas, al mercado laboral.

f. El acceso a activos: Son muy pocos los que acaparan los activos del país. En materia de crédito, por ejemplo, los 50 mayores deudores absorben un 20% de la cartera comercial del sector financiero. En el mercado de acciones, las 10 empresas más importantes participan con más del 75% del movimiento. El 1.08% de los propietarios de la tierra en Colombia posee más del 53% del área.

g. La cobertura en seguridad social: El aumento del gasto social no se ha traducido en un incremento de la cobertura en seguridad social suficiente para los colombianos: sólo la mitad de la población está afiliada al servicio de salud, menos del 29% al sistema de pensiones y cerca de tres millones de niños y jóvenes entre 5 y 16 años están por fuera del sistema escolar.

h. El acceso a los servicios públicos: las diferencias urbano-rurales son notables: la cobertura de agua potable, por ejemplo, es cercana a 90% en las cabeceras municipales, mientras sólo llega a 60% en zonas rurales. La cobertura de alcantarillado en el área rural no pasaba de 21% en promedio en 2000, mientras la cobertura urbana era superior a 85%. Los incrementos tarifarios, resultado de la aplicación de la Ley 142 de 1994 afectaron fuertemente al estrato 1 en los últimos cinco años (incremento de 238% en una muestra de nueve ciudades capitales) y se espera un efecto igual en los próximos años. Ello seguramente aumentará la cartera morosa y estimulará las conexiones ilegales.

i. La exclusión de la niñez: una cuarta parte de la población bajo línea de pobreza es menor de diez años; 2.5 millones de niños sufren maltrato infantil; un millón son desplazados; 13.5% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica y 18.3% no tienen acceso al sistema educativo. Se podría añadir más cifras a este inventario de la exclusión social en Colombia. Lo cierto es que la participación ciudadana se ha desarrollado en condiciones de creciente desigualdad social. En los últimos cinco años tales condiciones se han agudizado, lo que tiene un efecto directo en las condiciones de vida de los más pobres y en las prioridades que la población va construyendo en su trayectoria de vida.